GDPR
Introducción
El 6 de diciembre de 2018, España incorporó mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) actúa como autoridad de control y ha publicado directrices y recomendaciones para facilitar su aplicación. Con la entrada en vigor de esta normativa, se establece el marco general de protección de datos personales en España.
Ámbito de aplicación
Estas disposiciones se aplican al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de responsables o encargados establecidos en España, independientemente de si el tratamiento se realiza dentro o fuera del país.
También se aplican al tratamiento automatizado y no automatizado de datos personales contenidos en sistemas de archivo. Sin embargo, quedan excluidos los tratamientos realizados por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
Asimismo, estas normas se aplican cuando un responsable o encargado no establecido en España ofrece bienes o servicios a personas en territorio español o supervisa su comportamiento dentro del país.
Principios del tratamiento de datos
Legalidad, lealtad y transparencia: los datos deben tratarse de forma lícita, justa y transparente, informando claramente al interesado.
Limitación de la finalidad: los datos deben recogerse con fines específicos, explícitos y legítimos, y no ser tratados de manera incompatible con dichos fines.
Minimización de datos: solo se deben recopilar los datos estrictamente necesarios.
Exactitud: los datos deben mantenerse actualizados y correctos.
Limitación del plazo de conservación: los datos no deben conservarse más tiempo del necesario.
Integridad y confidencialidad: deben aplicarse medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos.
Derechos de los interesados
Derecho de información: conocer cómo se tratan sus datos personales.
Derecho de acceso: confirmar si sus datos están siendo tratados y acceder a ellos.
Derecho de rectificación: corregir datos inexactos o incompletos.
Derecho de supresión (derecho al olvido): solicitar la eliminación de datos en determinados casos.
Derecho a la limitación del tratamiento: restringir el uso de los datos en ciertas circunstancias.
Derecho a la portabilidad: recibir los datos en formato estructurado y transferirlos a otro responsable.
Derecho de oposición: oponerse al tratamiento basado en intereses legítimos o interés público, salvo motivos legítimos imperiosos.
En el caso de menores de 14 años, el tratamiento de sus datos requiere el consentimiento del menor y de sus padres o tutores legales.
Obligaciones del encargado del tratamiento
El encargado solo podrá tratar los datos siguiendo las instrucciones del responsable.
Debe implementar medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos.
Debe cooperar con el responsable en el cumplimiento de sus obligaciones y en la atención de los derechos de los interesados.
En caso de violación de seguridad, debe notificarlo inmediatamente al responsable.
Debe mantener un registro de actividades de tratamiento.
En tratamientos de alto riesgo, debe realizarse una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (DPIA) conforme al artículo 35 del GDPR. Si el riesgo persiste, deberá consultarse previamente a la AEPD.
Cuando sea obligatorio, deberá designarse un Delegado de Protección de Datos (DPO) y notificar su nombramiento a la autoridad correspondiente.
Transferencias internacionales de datos
Las transferencias de datos fuera de la Unión Europea solo pueden realizarse si se garantiza un nivel adecuado de protección, mediante decisiones de adecuación de la Comisión Europea o cláusulas contractuales tipo.
Tras la anulación del Privacy Shield por el Tribunal de Justicia de la UE en 2020, la Comisión adoptó nuevas cláusulas contractuales estándar en 2021, y la AEPD emitió directrices para su correcta aplicación.
Supervisión y cumplimiento
La AEPD tiene autoridad para supervisar y sancionar el incumplimiento de la normativa de protección de datos, pudiendo imponer advertencias, prohibiciones o sanciones económicas significativas según la gravedad de la infracción.
Toda persona tiene derecho a establecer directrices sobre el uso de sus datos personales tras su fallecimiento. En ausencia de instrucciones, el tratamiento se realizará conforme a la legislación vigente.
Estas disposiciones garantizan el cumplimiento del GDPR y la LOPDGDD en España, asegurando la protección efectiva de los datos personales y el respeto de los derechos de los interesados.
Contacto
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